Por Rodrigo Montoya Rojas (*)

¿Sabían ustedes lectoras y lectores que la primera constitución de Bolivia (1825) fue redactada por Bolívar y sus amigos en Lima, antes de haber puesto un pie en el territorio de lo que entonces se llamaba “Alto Perú”? Prácticamente en todos los países de América Latina, quienes hicieron las constituciones fueron los criollos descendientes de españoles y portugueses. En países como Ecuador, Bolivia y Perú, no fueron invitados al banquete los llamados indios que representaban cuatro quintas o tres cuartas partes de la población. Por esta exclusión de principio nacieron los estados naciones con un estado, una nación, una lengua, una religión, ignorando por completo a los habitantes originarios. Tampoco los pueblos indígenas estuvieron en condiciones de exigir una invitación ni de presentarse al banquete republicano porque a la derrota de la primera revolución nacional indígena dirigida por Túpac Amaru y Túpaq Katari, en 1781, le siguió el exterminio de cada uno de los miembros de las familias de ambos líderes y la liquidación de todos los indígenas que habían aprendido a leer y a escribir y que podrían haber seguido su ejemplo.

Cuando Evo Morales fue candidato a la presidencia de Bolivia, los pueblos indígenas y la multitud urbana organizada le dijeron, desde El Alto: si el Movimiento al Socialismo, MAS, no nacionaliza los hidrocarburos y si no convoca a una Asamblea Constituyente te retiraremos el apoyo y exigiremos en las calles que abandones la presidencia como lo hicimos antes con los presidentes González de Lozada y Meza. Una vez elegido presidente, Evo Morales cumplió su compromiso. Logró que el Estado boliviano reciba el 82% de lo producido por las grandes empresas y que éstas se conformen con el 18 % restante. Invirtió las proporciones porque antes de su gobierno las empresas multinacionales se llevaban el 82 % y al Estado le quedaba solo el 18 %. Por esa osadía política los neoliberales que controlan gran parte de los medios de comunicación en el continente anunciaron la inminente catástrofe y desaparición de Bolivia. Por su lado, los dueños de Santa Cruz y el oriente boliviano amenazaron con dividir el país. Luego de la nacionalización de los hidrocarburos, las empresas multinacionales no se fueron del país, se quedaron porque con el simple 18 % sus negocios siguen siendo rentables.

El segundo compromiso del gobierno fue convocar a una nueva Constituyente para que por primera vez en la historia republicana de Bolivia la carta nacional sea aprobada con la participación de los pueblos indígenas y exprese plenamente sus derechos. Si desde 1825 hasta hoy la constitución sólo representa a una de las naciones bolivianas, el momento había llegado para que Bolivia sea definida como un Estado Multinacional en el que todas las naciones del país -aimara, quechua, guaraní y otras de la Amazonía- sean tomadas en cuenta y se respete sus derechos colectivos. En otras palabras, con una constitución nueva de ese tipo, terminaría el omnímodo poder de los “q’aras” (españoles y criollos) o calatos de la derecha boliviana que siempre tuvieron el poder.

Por estas dos grandes decisiones políticas la derecha boliviana quiere que el “indio” Evo Morales, ese “indio maldito” como lo llaman en Santa Cruz y en Tarija, pague su atrevimiento, sea echado de la presidencia y “se muera” si las circunstancias lo permiten. Hasta ese punto de fractura llegan el viejo racismo colonial y la política reaccionaria de la derecha sin medias tintas ni hipocresías.

Conviene recordar que a diferencia de todos los presidentes de América Latina en ejercicio de sus cargos Evo Morales ganó en primera vuelta con el 54 % de los votos. Esa es una mayoría sin atenuantes. Al convocar a la Constituyente, el MAS cometió el error de sobre valorar sus fuerzas y establecer que la nueva constitución sería aprobada por un 80 % % de los votos de la Asamblea y, luego, confirmada por un referéndum en todo el país. Nunca antes en la historia de Bolivia, alguna de sus 18 constituciones tuvo una participación indígena y una aprobación superior a 50 %. Hubiera sido suficiente que la regla fuese 50 % más uno de los votos para que sea la constitución más representativa de toda su historia. Ese pequeño gran error ha sido la tabla de salvación para que la derecha boliviana reflote tratando de bloquear la aprobación formal de la nueva Constitución y forzando una consulta popular para afirmar la “autonomía” de Santa Cruz.

Obligada por el éxito político de los pueblos indígenas, la derecha boliviana dejó atrás su viejo argumento de “una Bolivia” -la parte q’ara, blanca, o europea del país, su Bolivia- para hablar de la nación camba, en oposición a la nación aymara, admitiendo en los hechos que en Bolivia hay varias naciones y no sólo una. La revolución de 1952, destruyó el latifundismo en las tierras altas, acabando con los hacendados coloniales y con los siervos de hacienda, pero, al mismo tiempo, creó un nuevo latifundismo en el oriente al entregar grandes extensiones de tierras a los colonos que hoy son dueños de Santa Cruz y dicen pertenecer a una “nación camba”. Camba es el nombre de los colonos y habitantes de Santa Cruz, en el oriente, en oposición al Kolla o habitante andino[1]. Hace veinte años no se oía hablar de una “nación camba”; en otras palabras, la lógica parece haber sido la siguiente: “¿si los aimaras tienen una nación, por qué nosotros los cambas no tendríamos la nuestra?”. En Santa Cruz están los pozos de petróleo y en Tarija los pozos de gas, que son los recursos más importantes del país. Antes, la “rosca”, viejo nombre de la derecha boliviana, disfrutó de la plata, el estaño y otros minerales y las grandes haciendas. Cuando la mina maravillosa de Potosí agotó sus reservas después de más de cuatro siglos de explotación continua, los Andes ya no cuentan, sólo importan la Amazonía y Tarija para seguir disfrutando de la riqueza y del poder. Esos llamados “indios malditos” fueron importantes como obreros mineros, y ahora ya no los quieren y preferirían que se queden solos con sus lenguas, sus culturas, sus pobrezas y su capital, La Paz, que está a 3,600 metros de altura.

Un acontecimiento político que precipitó el repentino interés de la derecha de Santa Cruz por su autonomía y o división fue una nueva reforma agraria decretada por el gobierno de Evo Morales para expropiar las tierras sin uso de los latifundios en la Amazonía boliviana. Una vez más, se trata de defender sus intereses.

El concepto de autonomía está en el centro del debate político. Se puede tener autonomía dentro de un mismo Estado multinacional, tal como lo establece la nueva constitución boliviana y se puede reclamar autonomía como pretexto para dividir un Estado y crear otro, tal como quieren los cruceños que ya no se sienten bolivianos. Por ese camino, el concepto de autonomía sería sinónimo de división y si así fuera se trata de un contrasentido conceptual. Rubén Costas, el prefecto de Santa Cruz, dijo en la celebración de de la victoria, el domingo 4 de mayo:

“Hoy iniciamos el camino hacia una nueva República, hacia un moderno Estado que en principio se formará con los cuatro departamentos autónomos hasta convertir a Bolivia en el Estado unitario más representativo de toda América Latina…Con el voto se ha consolidado el inicio de la reforma estructural de mayor trascendencia en nuestra patria. Las urnas han dado su veredicto; los emisarios del mal no pudieron imponer su rencor y su odio. Hoy hemos logrado una página gloriosa en la memoria nacional para construir una patria nueva con responsabilidad, con unidad. Debemos felicitarnos por haber reafirmado nuestro compromiso con la democracia”, Citado por el periodista boliviano Alex Contreras en su artículo “Bolivia dividida” (ALAI, América Latina en Movimiento,05-05-2008).

Con el lenguaje de Bush este prefecto cree que Evo Morales y su gobierno son parte del “eje del mal”. Los ángeles del bien serían los rebeldes de Santa Cruz que anuncian una nueva república, guardando para sí el nombre de Bolivia, su Bolivia, y esperando que los pueblos andinos busquen otro nombre o se llamen algo así como Bolivia 2 o Bolivia kolla. Hace tres años, oí en Santa Cruz y en La Paz las primeras versiones sobre una posible división del país: los extremistas cambas decían que Brasil podría anexar Santa Cruz y Argentina recuperaría Tarija. No me parece políticamente serio creer que los gobiernos de Brasil y Argentina estén dispuestos a tal despropósito Tal vez, el objetivo mayor de la derecha boliviana sea sacar a Evo Morales de la presidencia antes que dividir el país. Hay, por su puesto, fracciones de derecha en La Paz, Cochabamba o Sucre que están en el centro del conflicto, del mismo modo que hay un pueblo en la media luna amazónica con firmes lazos de parentesco con los Kollas de las tierras altas. Ya sabemos que las fronteras y los territorios de los países no son definitivas, que se provoca guerras para cambiar los mapas y se asesina presidentes para despejar el camino de quienes se niegan a perder el poder que tienen o de quienes tratan de recuperar el poder que perdieron.

Este es el conflicto profundo que vive Bolivia: de un lado, una derecha -reaccionaria y racista hasta la médula- que quiere seguir disponiendo de la riqueza y del poder sin aceptar que los pueblos indígenas existen y tienen derechos que defender; del otro, un pueblo indígena y no indígena que reclama sus derechos y exige que Bolivia sea también su país. El germen de la división, sembrado desde la invasión española, se expande y multiplica. ¿Qué voluntad de diálogo puede haber si se afirma que los otros son parte del eje del mal? La unidad y el entendimiento dependen del respeto de los otros. En tiempos de graves fracturas sociales el respeto no tiene por donde aparecer.

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[1] Hay una doble lectura sobre la orientación de los brazos de la enorme estatua de Cristo que los católicos pusieron en Santa Cruz: “Collas, no tienen sitio aquí”, y, “Collas, pasen, bienvenidos”. El domingo pasado el arzobispo de la Paz votó por “la autonomía”.

(*) Rodrigo Montoya Rojas es antropólogo y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima. Perú. Tomado de http://alainet.org/

por Fidel Castro Ruz

Mientras nuestro pueblo el 1ro de Mayo, Día de los Trabajadores, disfruta con júbilo el año en que se cumplirá medio siglo del triunfo de la Revolución y el setenta aniversario de la creación de la CTC, a la hermana República de Bolivia, consagrada a preservar la salud, educar y garantizar la seguridad de su pueblo, le faltan días, o tal vez horas, para sufrir acontecimientos dramáticos.

Cuando de todas partes del mundo llegan noticias escalofriantes sobre la escasez y costo de los alimentos, precio de la energía, cambios climáticos e inflación, problemas que por primera vez se presentan al unísono como cuestiones vitales, el imperialismo se empeña en desintegrar a Bolivia y someterla a trabajo  enajenante y hambre.

En ese país, con los oligarcas de Santa Cruz a la vanguardia, cuatro de sus departamentos de los más fuertes económicamente, aspiran a declarase independientes y han proyectado, con el apoyo del imperio, su programa de consultas populares, en las que los medios masivos han preparado el terreno y la opinión de los votantes con todo tipo de ilusiones y engaños.

Las Fuerzas Armadas, en virtud de sus funciones históricas en un país agredido y despojado del mar y otros recursos vitales, no desean la desintegración de Bolivia;  pero el plan yanqui, pérfidamente concebido, es utilizar algunos sectores militares antipatriotas para librarse de Evo en aras de la unidad, algo que al apropiarse las transnacionales de las ramas productivas básicas, sería meramente formal. La consigna del imperialismo es castigar y deshacerse de Evo.

Es el momento de la denuncia y la verdad.

Por no prever y meditar sobre los factores que conducían a una profunda crisis internacional, ¡sálvese quien pueda! parece ser el grito que se escucha en muchas partes del mundo.

Para los pueblos y gobiernos de América Latina será una prueba de fuego. Para nuestros médicos y educadores, cualquier cosa que ocurra en el país donde desempeñan su noble y pacífico trabajo, también lo será. Ellos, ante situaciones de peligro, no abandonarán a sus pacientes y alumnos.

(*)  Hoy 1º de Mayo dos noticias sacuden la política latinoamericana. El gobierno de Venezuela firmó la nacionalización de la siderúrgica Sidor, perteneciente al grupo argentino Techint,  mientras que Evo Morales anunció la nacionalización de Repsol-YPF filial Bolivia y de la Empresa de Teléfonos.  No quería dejar pasar estas informaciones, ya que considero que son de vital importancia para nuestros pueblos, en la recuperación de la soberanía política y económica.

En las elecciones celebradas ayer, 20 de abril, Fernando Lugo, candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio, se impuso con el 40,8% de los votos contra el 30,8% de la candidata oficialista Blanca Ovelar, mientras que el general Lino Oviedo cosechaba 21,9%.

El primer problema que se le presenta es que no tiene mayoría parlamentaria. Lo mismo le pasó a Rafael Correa en Ecuador y tuvo que llamar a elecciones constituyentes para modificar la Constitución del país. La derecha, que empobreció al Paraguay durante 61 años,  y que vivió a expensas del Estado, no lo va a dejar gobernar con tranquilidad.

Como si eso fuera poco, en Paraguay hay instalada una base militar de Estados Unidos, con la excusa de vigilar a las “células dormidas” de Hezbollah. Cuando en verdad a los terroristas los tienen más cerca: en Nueva York, en Washington, en Wall Street, en la CIA o en el Pentágono.

Ya se están empezando a escribir las primeras páginas de Lugo, y la derecha no quiere perder tiempo. Ansían llevarlo cerquita de Bachellet y de Lula, porque son de la “izquierda moderna y moderada”, pues temen que se alíe con Evo Morales y Hugo Chávez. El tiempo dirá de qué lado quiere jugar el partido.

Por último la Iglesia sigue fiel a su estilo. Lugo fue sancionado por el Vaticano  impidiéndole dar misa, porque  "la tarea de un obispo es estar al lado de los fieles siguiendo en todo la suprema ley de la Iglesia, que es efectivamente la salvación de las almas y no el gobierno de la comunidad política", según expresó el cardenal Giovani Battista Ré. Y el nuncio apostólico en Paraguay, monseñor Orlando Antonini fue más allá. Dijo recientemente que Lugo, a quien no nombró directamente, era un "falso profeta", categoría en la que ubica a quienes "actúan en la Iglesia como si ésta fuera una simple sociedad humana y política, reduciendo sus fines a metas exclusivamente temporales".

Si la misión de la iglesia es salvar almas y no el gobierno de la comunidad política, que hacía en el palacio de Miraflores el cardenal de Venezuela el 11 de Abril del 2002, en la asunción del golpista Pedro Carmona?

Y que hacen todos los Cardenales y Arzobispos en la ceremonia de jura de todos los militares golpistas? Porque no le hacen asco a nada: Videla, Pinochet, Banzer, Stroessner, Bordaberry, el mismísimo Carmona. Todos tuvieron para el recuerdo su fotito con el mefisto de turno. Y el Vaticano? Como siempre, contando billetes. Por algo es el partido político más antiguo.

por Emir Sader

Paraguay tiene la mejor oportunidad, tras seis décadas de dictadura del Partido Colorado, de librarse de éste último y poner en práctica las reformas que el país necesita, democratizándolo en términos políticos y sociales, para superar sus graves problemas económicos y sociales. El liderazgo de un gran combatiente de la oposición -el obispo de la teología de la liberación, Fernando Lugo- permite al pueblo paraguayo disponer de una real alternativa frente a la candidata del Partido Colorado, Blanca Ovelar, y a un ex dirigente de ese partido, Lino Oviedo, involucrado por la justicia en graves acusaciones como la participación en el asesinato de un ex vicepresidente, entre otras.

La elección se realizará el 20 de abril, en un solo turno. Lugo encabeza todas las encuestas con márgenes de ventaja que van del 5 al 10%. Por la tradición de fraudes cometidos por el Partido Colorado, se teme que pueda intentar repetir estos mecanismos e impedir una victoria que, sin fraude, parece inevitable, terminando así con la perpetuación de los colorados en el poder. Esta es una primera dificultad, que se trata de superar mediante la vigilancia de los movimientos que apoyan a Lugo y con la presencia de una gran Comisión de Control, que vigile la transparencia de la disputa, en especial en el campo, donde puede ser más fácil cometer fraudes.

El programa de la Alianza Patriótica para el Cambio, que reúne a 9 partidos políticos – entre ellos un tradicional, el Partido Liberal, y un nuevo, el Tekojoja -y a más de 20 movimientos sociales, propone una reforma agraria integral, que no signifique sólo una distribución de tierras, sino transformar a los campesinos y los indígenas, que son realmente los que trabajan la tierra, en sujetos de un nuevo modo de producción agrícola. Propone también un programa de reactivación económica estrechamente asociada a la equidad social, para que Paraguay deje de ser uno de los países más pobres y de mayor concentración de riqueza del continente, democratizando la reactivación económica. A la vez, propone la recuperación de la institucionalidad de la República y la independencia del poder judicial, despartidarizándolo, ambos elementos de la democracia política que permitan terminar con la apropiación del Estado por el Partido Colorado. Además, propone la conquista de la soberanía nacional, incluyendo la soberanía energética, para que Paraguay deje de ser sólo un país agrícola, ganadero y exportador de materias primas.

La renegociación de los contratos de Itaipú y de Yaciretá –firmados por la dictadura de Stroessner y por las dictaduras militares de los dos países vecinos - con los gobiernos argentino y brasileño forma parte de la plataforma de la candidatura de Lugo, así como de todos los candidatos, reflejando una especie de unanimidad nacional en Paraguay.
Con los mayores recursos que pretende obtener, Fernando Lugo se compromete con un amplio programa social, que incluye:

- creación de empleos para 100 mil familias desocupadas, en trabajos comunitarios y en obras públicas, que costarán 300 millones de dólares por año;


- pensiones para 200 mil personas de la tercera edad, con un gasto total de 150 de millones de dólares anuales;

- créditos subsidiados para la producción por un monto de 150 millones, que generarán 18 mil nuevos puestos de trabajo por año;

- construcción de 40 mil casas por año, a un costo de 200 millones de dólares y creación de 50 mil nuevos puestos de trabajo al año;

- construcción de carreteras, obras sanitarias e infraestructura por 200 millones de dólares al año, creación de 50 mil puestos de trabajo anuales;

- contratación de 30 mil profesores para mejorar la educación, a un costo de 60 millones de dólares por año;

- construcción de 20 mil nuevas aulas por año, a un costo de 60 millones de dólares por año, creando 15 mil puestos de trabajo anuales;

- mejora de la educación primaria, media y técnica, con una inversión de 40 millones de dólares al año e incremento salarial para 10 mil profesores;

- apoyo a la investigación y a la cultura, utilizado 40 millones de dólares por año y generando 2 mil puestos de trabajo anuales;

- contratación de 10 mil enfermeros para atención primaria de la salud, con un gasto de 40 millones de dólares al año;

- compra de medicamentos por 50 millones de dólares al año para atención gratuita de salud;

- inversión en centros de salud por 40 millones de dólares anuales, creación de 10 mil nuevos puestos de trabajo al año;

- distribución de 30 mil lotes de tierra para campesinos e indígenas por año, con un costo de 90 millones de dólares anuales;

- asistencia técnica y crediticia a 300 mil familias campesinas indígenas, inversión de 90 millones de dólares anuales;

- tarifa del agua social para 800 mil familias, costo de 40 millones de dólares por año;

- tarifa eléctrica gratuita para 400 mil familias y tarifa social para otras 400 mil familias, costo: 40 millones de dólares por año;

- tarifa eléctrica productiva reducida para 50 mil pequeños productores, costo: 30 millones de dólares anuales;

- mejoramiento de redes eléctricas para 800 mil usuarios rurales y suburbanos, costo: 80 millones de dólares por año.

Lugo pretende elevar la recaudación del gobierno, con la renegociación de los contratos de Itaipú y Yaciretá, en 1800 millones de dólares, para poner en práctica ese programa de rescate social de Paraguay. Se crearán 315 mil empleos, se aumentará la renta de 310 mil trabajadores, entre tantos otros beneficios, que permitirán a Paraguay construir un país nuevo para su pueblo. Para eso tiene que contar con la solidaridad y el apoyo político y económico de todos los gobiernos, partidos y fuerzas sociales y culturales comprometidos con la democracia, la justicia social y la soberanía nacional. (Traducción ALAI) 

(*) Emir Sader es secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).


Tomado de http://alainet.org/active/23470

Luego de tres semanas de lockout y corte de rutas, las cuatro entidades que representan al campo resolvieron suspender la medida por 30 días para negociar con el gobierno. Todos los sectores se mostraron triunfantes: el gobierno porque logró quebrar el paro sin rebajar las retenciones (motivo inicial de la protesta) y el campo porque consiguió la promesa de sentarse con el gobierno a discutir rebajas en fletes, créditos para los pequeños productores y subsidios.

Pero no todo es del color que se presenta. El gobierno debe afrontar este año compromisos internacionales por más de 10.000 millones de dólares, y el único plan económico que sostiene a rajatabla es la caja recaudadora. Además las entidades no solo quieren negociar por las retenciones a la soja, sino que ahora buscan acuerdos por la ganadería y la lechería.

Pero el campo no lleva todas las de ganar. Golpeó muy fuerte el desabastecimiento de productos esenciales. Y como si eso fuera poco, la Federación Agraria quedó muy ligada a la Sociedad Rural en una alianza que los dirigentes no saben bien como justificar. Ese muerto no lo va a levantar muy fácilmente.   

La oligarquía, con la complicidad de los medios de comunicación, buscó crear un estado de ingobernabilidad a través de los "espontaneos cacerolazos", pero en la práctica solo tuvieron eco en la pequeña minoría de barrio norte de la ciudad, muy condescendientes desde siempre a las dictaduras fascistas.

Cuando hablo de los medios no me refiero solo a las empresas periodísticas, sino también a los profesionales que transmiten la información y que dan opinión (noteros, cronistas y presentadores de noticieros NO están excluidos). Jugaron un rol detestable, desinformando, dándole una cobertura desmesurada a la opinión de los “pobres productores”  y minimizando actos criminales como haber tirado a la calle 7.000 litros de leche, o un cargamento de naranjas. Dando una verdadera bofetada a millones de personas que necesitan los alimentos. 

Los periodistas no pueden aducir que son simples empleados, que obedecen a quienes les pagan el salario. El argumento de la Obediencia Debida  ya lo utilizaron los represores de la última dictadura para justificar violaciones, torturas, asesinatos y 30000 desapariciones. Tienen  la RESPONSABILDAD de informar con honestidad intelectual. Y no lo hicieron.

Del lado empresario son para destacar el matutino “La Nación” vocero histórico de la oligarquía que fogoneó la protesta a través de sus editoriales y sus encumbradas plumas (Joaquin Morales Solá, y Mariano Grondona) y el papel jugado por el canal de cable Todo Noticias, del grupo “Clarín”. Para dar un ejemplo, cuando la presidenta Cristina Kirchner daba sus discursos, colocaba la imagen de ella en un cuarto de pantalla. Los otros 3 cuartos lo ocupaba la imagen de los productores que insultaban y gesticulaban contra la primera dama. Esto lo aprendieron de Globo Visión y RCTV en Venezuela, quienes hicieron lo mismo contra el presidente Hugo Chávez durante la movilización antigubernamental del 11 de abril del 2002, previa al frustrado golpe de estado.

Los más perjudicados en este conflicto,  son los millones de trabajadores que se encuentran con aumentos exorbitantes en el precio de la carne, el pollo y las frutas. Y no tienen una representación gremial ni política acorde a sus circunstancias.  

(*) El que aparece en la imagen durante los cacerolazos "espontaneos" del 25 de marzo es Cosme Beccar Varela, maximo dirigente de Tradicion Familia y Propiedad. Organizacion ultramontana que apoyó a todas las dictaduras del continente americano. Fue tomada por la Agencia France Press.

Luego de 18 días, continua el paro por tiempo indeterminado con corte de rutas convocado por las cuatro entidades del campo: Federación Agraria (que representa a los pequeños y medianos productores), CONINAGRO (cooperativas), Confederaciones Rurales (gran sector ganadero y lechero) y la Sociedad Rural (los grandes terratenientes). La medida se dispuso cuando el gobierno de Cristina Fernández resolvió aumentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

¿Qué es lo que está en juego en este paro? Para los pequeños productores, se plantea una cuestión de supervivencia. El gobierno solo está preocupado por aumentar sus ingresos fiscales, y obligará al eslabón más débil de la cadena productiva a vender sus campos a los grandes terratenientes. La Sociedad Rural nunca estuvo de acuerdo con las retenciones, a las cuales consideran socializantes y confiscatorias, y este paro les viene de perillas, para tratar de torcer el rumbo político de un gobierno que está más cerca de Caracas y el Mercosur que del Departamento de Estado norteamericano.

Solo así se entiende el apoyo logrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de parte de los “caceroleros” de Bario Norte, que solamente han salido a la calle para defender sus ahorros confiscados por el tándem Cavallo-De la Rúa (2001); para apoyar la política de entrega del gobierno de Menem en la famosa plaza del “SI” (1989), o el derrocamiento de Perón en 1955, cuando la oligarquía se hizo cargo del gobierno a través de el general Aramburu y el Almirante Rojas.

El gobierno tiene que quebrar esta alianza contra natura de las cuatro entidades del campo proponiendo entre otras medidas: retenciones diferenciadas y mínimas para los pequeños y medianos productores, un decidido apoyo a los sectores postergados de las economías regionales, y crédito para maquinaria a los más pequeños. Y fundamentalmente que las retenciones sirvan para mejorar la calidad de vida de los argentinos en salud, educación, vivienda y para tener un servicio de transporte ferroviario digno para todo el pueblo trabajador.

Con actos y marchas en todo el  país se conmemoró el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 32 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón.

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizaron cuatro actos. En donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se realizó una misa multirreligiosa, con la presencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y de los organismos de Derechos Humanos.

En la villa Oculta, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo que preside Hebe de Bonafini, recordó el aniversario del golpe, con un acto en el lugar donde la cooperativa de las Madres construye un complejo habitacional.

Por último en Plaza de Mayo se realizaron dos actos multitudinarios. A las 15 hs. se concentraron los sectores afines al gobierno quienes reivindicaron la tarea de los Kirchner al impulsar el juicio a los militares y policías represores, mientras que  a las 18 hs, se concentraron los partidos políticos de izquierda y las organizaciones sociales que reclaman una actitud más decidida del Poder Ejecutivo: unificar las causas, que los testigos no tengan que declarar en cada una de ellas (si acusan a cinco represores, deben declarar cinco veces), no están lo suficientemente protegidos (hace 18 meses está desaparecido Julio López),  y que los detenidos no gocen de beneficios especiales (los mayores de 70 años prisión domiciliaria, y los menores de 70 permanecen en dependencias militares, custodiados por sus propios camaradas).

Dentro de este panorama de divisiones políticas, se vieron en los actos mucha gente que fue por su cuenta, sin estar vinculada a las estructuras partidarias. Lo que para muchos representa un paso atrás desde lo político, para otros resulta positivo, ya que si bien no están organizados, alguna vez lo estuvieron, y siempre es mejor tener presencia activa en las calles que quedarse en casa durmiendo la siesta.

Escuchar las palabras de la secretaria de Estado Condolezza Rice al llegar a Brasil causa escalofríos: “Estados Unidos examina los supuestos lazos entre Venezuela y las FARC y actuará en consecuencia”. Lo primero que me viene a la cabeza es que esta película ya la vimos. Todavía no se han presentado ni una prueba del arsenal que tenía Sadam Hussein para exterminar el planeta, sin embargo son millones los muertos que contabiliza Irak desde la invasión norteamericana del año 2003.

La excusa que están desarrollando para aislar y luego atacar Venezuela es “que la corrupción y el ambiente permisivo la han transformado en la ruta preferencial de los narcotraficantes colombianos”. Y agrega el informe del departamento de Estado: “no ha prestado ninguna colaboración en la lucha internacional contra las drogas en 2007”.

El Imperio sabe que la correlación de fuerzas políticas en América Latina no le es favorable. Y la guerra contra Venezuela a través de la acción de Colombia es un recurso que conoce a la perfección. Ya lo padecieron los sandinistas cuando gobernaban Nicaragua y sufrieron agresiones desde Honduras, lo que produjo una sangría humana y de recursos económicos que influyeron de manera decisiva en la derrota electoral del Frente Sandinista en 1989.

A todo esto, los medios de comunicación se hacen eco del informe, lo que pone en evidencia que la tan mentada libertad de prensa no existe. Es otro de los inventos para someternos. Poner a Venezuela en “el eje del mal” junto a Irán, Corea del Norte, Myanmar, Zimbawe, Bielorrusia y Cuba es solo la antesala para buscar el aislamiento político y la asfixia económica de Caracas.

Para su nueva incursión no cuenta con el visto bueno ni de los miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), ni tampoco de Bolivia, Ecuador y Perú. Ni siquiera lo acompaña el mejor alumno del liberalismo sudamericano: Chile. Pero Estados Unidos sabe que Uribe y su ejército no vacilarán en sumarse a la iniciativa bélica.

El asesinato del comandante de las FARC, Raúl reyes y otros veinte guerrilleros mientras dormían en un campamento en territorio ecuatoriano, no solo demuestra el desprecio que tiene el gobierno colombiano de Álvaro Uribe por el proceso de paz, sino pone en evidencia que para Estados Unidos, Colombia es la Israel de Suramérica.

Desde un primer momento, el gobierno de Uribe recurrió a la mentira para narrar los hechos: que hubo combate, que el mismo empezó en territorio colombiano, que los combatientes de las FARC se replegaron hacia Ecuador y que no tuvieron otra alternativa que disparar para que no se escaparan. Hoy se sabe con certeza que fueron ubicados por satélites norteamericanos, que les dispararon misiles, y que los guerrilleros estaban durmiendo. Luego fueron rematados por una brigada que bajó en un helicóptero, y fueron llevados sus cuerpos a Colombia, junto a un grupo de detenidos.

Y no es que estaban en territorio en plan de entrenamiento: Bernard Kouchner, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, confirmó que Reyes era el contacto de la guerrilla con Francia,  para negociar la liberación de Ingrid Betancourt y otros 12 rehenes. Esa y no otra es la razón del ataque llevado a cabo por la inteligencia militar del Imperio y las tropas colombianas.

“Se escuchan con fuerza en el sur de nuestro continente las trompetas de la guerra, como consecuencia de los planes genocidas del imperio yanqui”, dijo ayer el compañero Fidel en una reflexión publicada por Granma, y no está exagerando en lo más mínimo. Estados Unidos está en una crisis económica como nunca tuvo (ni siquiera en el fatídico 1929), está necesitado más que nunca de recursos energéticos baratos, y no tolera que en su patio trasero los pueblos de Bolivia, Ecuador Venezuela, Nicaragua y por supuesto Cuba, no hayan elegido el camino de la rendición incondicional.

 Con la designación del Compañero Raul Castro Ruz, como nuevo presidente de la República de Cuba, el parlamento de la isla deja muy en claro la continuidad de los lineamientos votados por el pueblo el pasado 20 de enero. Aunque la prensa burguesa se encargó de ocultarlas, en Cuba se realizan elecciones generales desde 1976, y en las mismas se votan ciudadanos, no partidos, y está prohibido el proselitismo y la propaganda. O sea, la antítesis de lo que se denomina elecciones en todos los países capitalistas, donde generalmente gana el candidato que tiene la billetera más llena,  quien promete (y miente) mejor, o quien realiza el mayor fraude (George W. Bush en el 2000).

Con la renuncia de Fidel a ser reelegido en el cargo de presidente y usando como ariete a la prensa internacional Estados Unidos se fue a la carga: se abría una inmejorable posibilidad para liberalizar el sistema político. Los candidatos demócratas Hillary Clinton y Barak Obama, y hasta el presidente George W. Bush no tuvieron empacho en imponer condiciones a las nuevas autoridades cubanas para acceder a la consideración internacional. Elecciones libres y democráticas y apertura económica.

Pero a no engañarnos, al Imperialismo nunca le importó la democracia ni los derechos humanos. Lo avalan los recientes bombardeos en Irak y Afganistán, la cárcel de Guantanamo, su apoyo a Pinochet, Videla, Banzer, Stroessner, Trujillo, Batista, el Sha de Persia y cualquier otro genocida que haya habitado nuestro planeta. Solo desea quedarse con las empresas de teléfonos, gas, electricidad, minería y agua; privatizar la salud y la educación, y reconquistar las propiedades confiscadas y nacionalizadas por la Revolución. Y fundamentalmente poner de rodillas a Cuba, porque esta pequeña isla lo ha derrotado sin miramientos, demostrando que sin explotación se puede vivir con dignidad.

Un capitulo aparte merece el muy lamentable papel jugado por los medios de comunicación durante estos días. Mientras se morían ciudadanos paraguayos por un brote de fiebre amarilla, exigían de mil maneras “cambios” en Cuba, país que gracias a su avanzado sistema sanitario erradicó esta enfermedad hace décadas. Son muy contados los colegas periodistas que han tenido una actitud digna frente al proceso cubano. No es buen negocio estar del lado del más débil. Y como sabemos, a muchos periodistas, solo le interesan los negocios.