THE OMAR HERALD

Por Rodrigo Montoya Rojas (*)

¿Sabían ustedes lectoras y lectores que la primera constitución de Bolivia (1825) fue redactada por Bolívar y sus amigos en Lima, antes de haber puesto un pie en el territorio de lo que entonces se llamaba “Alto Perú”? Prácticamente en todos los países de América Latina, quienes hicieron las constituciones fueron los criollos descendientes de españoles y portugueses. En países como Ecuador, Bolivia y Perú, no fueron invitados al banquete los llamados indios que representaban cuatro quintas o tres cuartas partes de la población. Por esta exclusión de principio nacieron los estados naciones con un estado, una nación, una lengua, una religión, ignorando por completo a los habitantes originarios. Tampoco los pueblos indígenas estuvieron en condiciones de exigir una invitación ni de presentarse al banquete republicano porque a la derrota de la primera revolución nacional indígena dirigida por Túpac Amaru y Túpaq Katari, en 1781, le siguió el exterminio de cada uno de los miembros de las familias de ambos líderes y la liquidación de todos los indígenas que habían aprendido a leer y a escribir y que podrían haber seguido su ejemplo.

Cuando Evo Morales fue candidato a la presidencia de Bolivia, los pueblos indígenas y la multitud urbana organizada le dijeron, desde El Alto: si el Movimiento al Socialismo, MAS, no nacionaliza los hidrocarburos y si no convoca a una Asamblea Constituyente te retiraremos el apoyo y exigiremos en las calles que abandones la presidencia como lo hicimos antes con los presidentes González de Lozada y Meza. Una vez elegido presidente, Evo Morales cumplió su compromiso. Logró que el Estado boliviano reciba el 82% de lo producido por las grandes empresas y que éstas se conformen con el 18 % restante. Invirtió las proporciones porque antes de su gobierno las empresas multinacionales se llevaban el 82 % y al Estado le quedaba solo el 18 %. Por esa osadía política los neoliberales que controlan gran parte de los medios de comunicación en el continente anunciaron la inminente catástrofe y desaparición de Bolivia. Por su lado, los dueños de Santa Cruz y el oriente boliviano amenazaron con dividir el país. Luego de la nacionalización de los hidrocarburos, las empresas multinacionales no se fueron del país, se quedaron porque con el simple 18 % sus negocios siguen siendo rentables.

El segundo compromiso del gobierno fue convocar a una nueva Constituyente para que por primera vez en la historia republicana de Bolivia la carta nacional sea aprobada con la participación de los pueblos indígenas y exprese plenamente sus derechos. Si desde 1825 hasta hoy la constitución sólo representa a una de las naciones bolivianas, el momento había llegado para que Bolivia sea definida como un Estado Multinacional en el que todas las naciones del país -aimara, quechua, guaraní y otras de la Amazonía- sean tomadas en cuenta y se respete sus derechos colectivos. En otras palabras, con una constitución nueva de ese tipo, terminaría el omnímodo poder de los “q’aras” (españoles y criollos) o calatos de la derecha boliviana que siempre tuvieron el poder.

Por estas dos grandes decisiones políticas la derecha boliviana quiere que el “indio” Evo Morales, ese “indio maldito” como lo llaman en Santa Cruz y en Tarija, pague su atrevimiento, sea echado de la presidencia y “se muera” si las circunstancias lo permiten. Hasta ese punto de fractura llegan el viejo racismo colonial y la política reaccionaria de la derecha sin medias tintas ni hipocresías.

Conviene recordar que a diferencia de todos los presidentes de América Latina en ejercicio de sus cargos Evo Morales ganó en primera vuelta con el 54 % de los votos. Esa es una mayoría sin atenuantes. Al convocar a la Constituyente, el MAS cometió el error de sobre valorar sus fuerzas y establecer que la nueva constitución sería aprobada por un 80 % % de los votos de la Asamblea y, luego, confirmada por un referéndum en todo el país. Nunca antes en la historia de Bolivia, alguna de sus 18 constituciones tuvo una participación indígena y una aprobación superior a 50 %. Hubiera sido suficiente que la regla fuese 50 % más uno de los votos para que sea la constitución más representativa de toda su historia. Ese pequeño gran error ha sido la tabla de salvación para que la derecha boliviana reflote tratando de bloquear la aprobación formal de la nueva Constitución y forzando una consulta popular para afirmar la “autonomía” de Santa Cruz.

Obligada por el éxito político de los pueblos indígenas, la derecha boliviana dejó atrás su viejo argumento de “una Bolivia” -la parte q’ara, blanca, o europea del país, su Bolivia- para hablar de la nación camba, en oposición a la nación aymara, admitiendo en los hechos que en Bolivia hay varias naciones y no sólo una. La revolución de 1952, destruyó el latifundismo en las tierras altas, acabando con los hacendados coloniales y con los siervos de hacienda, pero, al mismo tiempo, creó un nuevo latifundismo en el oriente al entregar grandes extensiones de tierras a los colonos que hoy son dueños de Santa Cruz y dicen pertenecer a una “nación camba”. Camba es el nombre de los colonos y habitantes de Santa Cruz, en el oriente, en oposición al Kolla o habitante andino[1]. Hace veinte años no se oía hablar de una “nación camba”; en otras palabras, la lógica parece haber sido la siguiente: “¿si los aimaras tienen una nación, por qué nosotros los cambas no tendríamos la nuestra?”. En Santa Cruz están los pozos de petróleo y en Tarija los pozos de gas, que son los recursos más importantes del país. Antes, la “rosca”, viejo nombre de la derecha boliviana, disfrutó de la plata, el estaño y otros minerales y las grandes haciendas. Cuando la mina maravillosa de Potosí agotó sus reservas después de más de cuatro siglos de explotación continua, los Andes ya no cuentan, sólo importan la Amazonía y Tarija para seguir disfrutando de la riqueza y del poder. Esos llamados “indios malditos” fueron importantes como obreros mineros, y ahora ya no los quieren y preferirían que se queden solos con sus lenguas, sus culturas, sus pobrezas y su capital, La Paz, que está a 3,600 metros de altura.

Un acontecimiento político que precipitó el repentino interés de la derecha de Santa Cruz por su autonomía y o división fue una nueva reforma agraria decretada por el gobierno de Evo Morales para expropiar las tierras sin uso de los latifundios en la Amazonía boliviana. Una vez más, se trata de defender sus intereses.

El concepto de autonomía está en el centro del debate político. Se puede tener autonomía dentro de un mismo Estado multinacional, tal como lo establece la nueva constitución boliviana y se puede reclamar autonomía como pretexto para dividir un Estado y crear otro, tal como quieren los cruceños que ya no se sienten bolivianos. Por ese camino, el concepto de autonomía sería sinónimo de división y si así fuera se trata de un contrasentido conceptual. Rubén Costas, el prefecto de Santa Cruz, dijo en la celebración de de la victoria, el domingo 4 de mayo:

“Hoy iniciamos el camino hacia una nueva República, hacia un moderno Estado que en principio se formará con los cuatro departamentos autónomos hasta convertir a Bolivia en el Estado unitario más representativo de toda América Latina…Con el voto se ha consolidado el inicio de la reforma estructural de mayor trascendencia en nuestra patria. Las urnas han dado su veredicto; los emisarios del mal no pudieron imponer su rencor y su odio. Hoy hemos logrado una página gloriosa en la memoria nacional para construir una patria nueva con responsabilidad, con unidad. Debemos felicitarnos por haber reafirmado nuestro compromiso con la democracia”, Citado por el periodista boliviano Alex Contreras en su artículo “Bolivia dividida” (ALAI, América Latina en Movimiento,05-05-2008).

Con el lenguaje de Bush este prefecto cree que Evo Morales y su gobierno son parte del “eje del mal”. Los ángeles del bien serían los rebeldes de Santa Cruz que anuncian una nueva república, guardando para sí el nombre de Bolivia, su Bolivia, y esperando que los pueblos andinos busquen otro nombre o se llamen algo así como Bolivia 2 o Bolivia kolla. Hace tres años, oí en Santa Cruz y en La Paz las primeras versiones sobre una posible división del país: los extremistas cambas decían que Brasil podría anexar Santa Cruz y Argentina recuperaría Tarija. No me parece políticamente serio creer que los gobiernos de Brasil y Argentina estén dispuestos a tal despropósito Tal vez, el objetivo mayor de la derecha boliviana sea sacar a Evo Morales de la presidencia antes que dividir el país. Hay, por su puesto, fracciones de derecha en La Paz, Cochabamba o Sucre que están en el centro del conflicto, del mismo modo que hay un pueblo en la media luna amazónica con firmes lazos de parentesco con los Kollas de las tierras altas. Ya sabemos que las fronteras y los territorios de los países no son definitivas, que se provoca guerras para cambiar los mapas y se asesina presidentes para despejar el camino de quienes se niegan a perder el poder que tienen o de quienes tratan de recuperar el poder que perdieron.

Este es el conflicto profundo que vive Bolivia: de un lado, una derecha -reaccionaria y racista hasta la médula- que quiere seguir disponiendo de la riqueza y del poder sin aceptar que los pueblos indígenas existen y tienen derechos que defender; del otro, un pueblo indígena y no indígena que reclama sus derechos y exige que Bolivia sea también su país. El germen de la división, sembrado desde la invasión española, se expande y multiplica. ¿Qué voluntad de diálogo puede haber si se afirma que los otros son parte del eje del mal? La unidad y el entendimiento dependen del respeto de los otros. En tiempos de graves fracturas sociales el respeto no tiene por donde aparecer.

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[1] Hay una doble lectura sobre la orientación de los brazos de la enorme estatua de Cristo que los católicos pusieron en Santa Cruz: “Collas, no tienen sitio aquí”, y, “Collas, pasen, bienvenidos”. El domingo pasado el arzobispo de la Paz votó por “la autonomía”.

(*) Rodrigo Montoya Rojas es antropólogo y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima. Perú. Tomado de http://alainet.org/

El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgará este jueves la Ley de Tierras que busca promover una redistribución equitativa entre campesinos y pueblos originarios, además de garantizar una mayor productividad y el cumplimiento de la función económica-social, según explicaron fuentes gubernamentales.

La Ley será presentada en un acto oficial en la localidad de Ucureña, en el departamento de Cochabamba (centro) en un acto encabezado por Evo Morales y con la presencia de  autoridades del Gobierno.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, catalogó la Ley de Tierras como un importante avance en la reforma agraria en el marco de la política de tierras del Gobierno, y que "prioriza" la Función Económico Social (FES).

La histórica ceremonia es de vital importancia para Bolivia  luego de más de 500 años de explotación, según explicó la titular de Desarrollo Rural, Susana Rivero.

Dijo que la legislación "devolverá a los pueblos originarios el derecho de administrar sus suelos y los recursos naturales", además de promover una transformación integral que termine con el latifundio.

También tiene un alto contenido de género orientado a evitar la discriminación de la mujer en el acceso equitativo a la tierra.

Explicó Rivero que la norma ofrece el pleno respaldo a todos los sectores productivos del área agropecuaria e incluye a los grupos rurales, históricamente excluidos, por lo que desestimó cualquier intento gubernamental, de perjudicar las inversiones privadas.

El director nacional de Tierras, Cliver Rojas aseguró que la reforma es una acto de justicia a favor de los campesinos e indígenas y señaló que el único sector que tiene que temer con la aplicación de esta norma es el ocioso, porque el Gobierno le ofrece el pleno respaldo a los sectores productivos agropecuarios para que incrementen sus inversiones e incluso el Estado puede colaborar subvencionándolos para que se hagan más eficientes.

De acuerdo con estadísticas oficiales, el Gobierno del presidente Morales ha entregado títulos de propiedad de más de cinco millones 200 mil hectáreas, en poco más de año y medio de gestión.

Este resultado forma parte del proceso de saneamiento de las parcelas fiscales donde se verifica si las áreas cumplen una función económico-social. 

(*) Tomado de Telesur

El relator especial sobre el derecho a la alimentación de Naciones Unidas, Jean Ziegler, aseveró que Bolivia es un ejemplo de país donde las transformaciones sociales favorecen a todos por igual.

Luego de casi una semana en La Paz para constatar los avances alcanzados en ese aspecto, el experto explicó a Prensa Latina que los programas de salud y de educación, que cuentan con la cooperación de Cuba, son muestra del cambio que encabeza el presidente Evo Morales, señala Prensa latina.

Los servicios médicos gratuitos, el programa Desnutrición Cero y la campaña nacional para alfabetizar a un millón 200 mil personas, se corresponden con Objetivos del Milenio señalados por Naciones Unidas, de los cuales otros gobiernos están muy lejos todavía, afirmó.

Según el funcionario, la comunidad internacional debería aprender de los avances en democracia en Bolivia, entre ellos la nacionalización de los hidrocarburos, "una decisión ejemplar", opinó.

Interpelado sobre su encuentro con el jefe de Estado, afirmó sentir admiración por el liderazgo indiscutible que tiene en su pueblo el primer presidente indígena.

El Alto Comisionado respaldó además la aspiración boliviana a ingresar al Consejo Permanente de Derechos Humanos en Ginebra, en reconocimiento a su labor en la materia.