En mayo de 2004, Washington hizo público un larguísimo informe de 454 páginas, que elaboró la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre (Commission for Assistance to a Free Cuba, CAFC), destinado a dar el golpe de gracia al gobierno cubano y provocar su caída. Las sanciones económicas se han endurecido y han afectado mucho a la calidad de vida de la población cubana. Poco satisfecho con los resultados conseguidos, el 10 de julio de 2006 el presidente Bush aprobó el nuevo informe de 93 páginas, redactado bajo la dirección de la presidenta de la CAFC y actual secretaria de Estado, Condolezza Rice, y del secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez. El objetivo proclamado está claro: acabar con el orden constitucional vigente en Cuba. Los medios utilizados desplegados para su elaboración son impresionantes: cerca de 100 personas procedentes de 17 departamentos y agencias federales trabajaron durante meses para producir este nuevo documento.
Este plan, que consta de siete capítulos, dispone de un presupuesto total de 80 millones de dólares para 2007 y 2008, con el fin de reforzar el cerco impuesto a Cuba y subvertir el orden establecido. Estos fondos se reparten de la siguiente manera:
31 millones de dólares para financiar aún más a la oposición interna,
10 millones para actividades de cabildeo en las universidades,
24 millones para reforzar la propaganda contra la isla
y 15 millones de dólares para incorporar la comunidad internacional al plan de ocupación de Cuba.
Además, el informe prevé un financiamiento de al menos 20 millones de dólares anuales para los siguientes años «hasta que la dictadura deje de existir».
Esta vez, Washington incluso fijó un plazo para el derrocamiento del gobierno de La Habana: 18 meses como máximo. Contrariamente a Irak donde la administración Bush nombró un procónsul, Paul Bremmer, después de la invasión del país, en Cuba, el puesto de procónsul ya está ocupado por Caleb McCarry.
Las groseras acusaciones del Departamento de Estado darían risa si sus objetivos no fueran tan alarmantes. Por ejemplo: «los cubanos siguen siendo encarcelados por actividades que los estadounidenses consideran normales: leer y ver lo que quieren; tener acceso a la información del extranjero, incluso a Internet; organizar encuentros en casa para hablar del futuro del país; disponer de una biblioteca o hacer firmar peticiones». Según el gobierno estadounidense, este tipo de actividades se castiga con la privación de libertad en Cuba.
En el mismo registro, el informe afirma que «el régimen castrista no satisface las necesidades humanitarias más básicas del pueblo cubano. La malnutrición crónica, el agua potable contaminada y enfermedades crónicas no tratadas afectan todavía a un porcentaje significativo del pueblo cubano». Y a todas luces (¿cómo atreverse a dudarlo?), «la situación no mejorará mientras Fidel Castro esté en el poder».
Esta afirmación revela un profundo desconocimiento de la realidad cubana o una voluntad deliberada de desinformación. En efecto, todas las organizaciones internacionales, desde las Naciones Unidas, pasando por el Banco Mundial, elogian de forma unánime el sistema social cubano y el índice de desarrollo humano de la isla del Caribe. Cuba disfruta de la esperanza de vida más alta y de la tasa de mortalidad infantil más baja del Tercer Mundo. Cuba presenta una tasa de mortalidad infantil inferior a la de los propios Estados Unidos. La UNICEF señala incluso que Cuba es la única nación de América Latina y el Caribe que ha logrado erradicar la desnutrición infantil.
La primera medida adoptada preconiza un mayor financiamiento para los grupos de «disidentes». Washington prevé acelerar el reclutamiento de individuos cuya misión será participar en el derrocamiento del actual gobierno. A los 50 millones de dólares previstos en el primer informe de 2004 se agrega una nueva suma de 31 millones. El plan de Bush incluso cita por su nombre a las personas encargadas de reunir las fuerzas subversivas: Martha Beatriz Roque, Oswaldo Payá, Guillermo Fariñas y las Damas de Blanco, entre otras.
En marzo de 2003, las autoridades cubanas arrestaron a 75 agentes a sueldo del gobierno estadounidense. Esas personas fueron severamente condenadas a causa de su sumisión a una potencia extranjera. Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional cubana advirtió a los miembros de la «disidencia» que todo el que conspire con Washington y aceptara sus emolumentos tendría que «pagar las consecuencias».
«Mientras esa política exista, habrá personas que se verán envueltas [...]. Conspirarán con los estadounidenses y aceptarán dinero [de Estados Unidos]. Eso es un delito según las leyes cubanas. No conozco ningún país que no clasifique tal actividad como un delito», subrayó Ricardo Alarcón. «Imagínese que alguien en EEUU esté sostenido, entrenado, equipado y asesorado por un gobierno extranjero. Eso en sí mismo es un delito. Es un delito muy grave en EEUU y que costar muchos años de prisión, muchos más de los que puede costar aquí en Cuba», concluyó.
La administración Bush también asignó 24 millones de dólares adicionales a Radio y TV Martí, con el fin de ampliar las transmisiones de programas subversivos hacia Cuba, lo cual constituye una violación de la legislación internacional. Los miembros de la «disidencia» cubana recibirán una parte de esa suma para adquirir y distribuir equipos de radio y televisión que permitan captar los programas que se transmiten desde Estados Unidos. El plan estadounidense también invita a otros países a transmitir programas subversivos hacia Cuba. También prevé «entrenar y equipar a periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y televisiva en Cuba».
Washington quiere destruir la legalidad constitucional que prevé que el vicepresidente, Raúl Castro, tome las riendas del país en caso de desaparición del presidente cubano, Fidel Castro. Para ello, la administración Bush ha elaborado un programa de cabildeo dirigido a la comunidad internacional para que ésta no reconozca al eventual nuevo gobierno cubano. Los países que sigan a Estados Unidos en su política de agresión gozarán de apoyo económico mientras que los demás tendrán que pagar las consecuencias de su desobediencia.
Además, los títulos III y IV de la ley Helms-Burton de 1996, que prevén sancionar a los países que inviertan en Cuba, se aplicarán en lo adelante, después de haber permanecido suspendidos durante diez años consecutivos debido las protestas de la comunidad internacional y en particular de la Unión Europea. Washington incluso ha designado su blanco prioritario: Venezuela y su presidente Hugo Chávez, primer socio comercial de Cuba, y mencionado quince veces en el informe.
El presidente venezolano reaccionó ante la publicación del último plan, calificándolo de «nueva amenaza imperialista». «Continuaremos la alianza estratégica con Cuba. Ahora es cuando Venezuela apoyará al pueblo y a la Revolución Cubana», aseguró, al mismo tiempo que aconsejó a la administración Bush que elaborara un plan de transición para Estados Unidos, para salvar su propio sistema.
Por su parte el vicepresidente de la República Bolivariana, Vicente Rangel, expresó su rechazo al plan denunciando la intención estadounidense «de agredir y sojuzgar a la República de Cuba». «El informe publicado por el Departamento de Estado confirma el intervencionismo estadounidense, abierto y flagrante, en nombre de principios que no respeta. Su irrefrenable voluntad de avasallar a pueblos y violar el derecho internacional lo confirma», declaró. También condenó « la obsesión que el gobierno de Bush tiene con [su] país».
Washington también planea confeccionar una lista de altos funcionarios cubanos que deberían ser neutralizados en una Cuba ocupada. Estados Unidos ni siquiera disimula sus intenciones de recolonizar la isla. En efecto, Washington afirma que esas personas serán « sancionadas por el gobierno estadounidense según lo establecido por la ley estadounidense », como si Cuba fuera un nuevo Estado de la Unión.
Para dañar la economía cubana, las autoridades de Estados Unidos aplican ahora penas más severas a todo ciudadano estadounidense que viaje a Cuba y reducen aún más los viajes de orden humanitario. Se ha creado una nueva agencia para perseguir minuciosamente las exportaciones de níquel, importante fuente de ingresos para Cuba, y oponerse a la compra a terceros países de productos elaborados con níquel cubano. El envío de remesas de dinero a Cuba ha sido restringido todavía más, mientras que se reforzado las condiciones exigidas para que las empresas estadounidenses puedan vender productos alimenticios a Cuba. Hasta el Consejo de Iglesias Cubanas se ha visto afectado por las nuevas restricciones y ya no puede recibir ayuda humanitaria.
Las nuevas medidas también tienen buscan obstaculizar la asistencia médica que Cuba brinda a las naciones del Tercer Mundo. Por ejemplo, cerca de 250 000 latinoamericanos que padecían de catarata y otras enfermedades oculares ligadas a la pobreza, recobraron la vista después de operarse gratuitamente en Cuba. Del mismo modo, cerca de 60 000 médicos cubanos y personal del sector de la salud prestan actualmente sus servicios de forma gratuita en las regiones rurales del Tercer Mundo auxiliando a los más desposeídos en América Latina, Asia y África. A partir de ahora, Estados Unidos prohíbe toda exportación de equipamiento médico «destinado a ser utilizado en programas a gran escala [para] pacientes extranjeros», cuando la mayor parte de la tecnología médica mundial es de origen estadounidense.
El presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo Alarcón, no dejó de condenar esta decisión: «Que Bush […] desprecia a los pobres y a los negros de Estados Unidos, que le importa un bledo si mueren abandonados, eso ya se sabe. Pero ahora sabemos también, porque acaba de reconocerlo abiertamente, que su odio alcanza también a todos los pobres, a todos los indios, a todos los negros y mestizos de este mundo».
Los capítulos 2 a 7 enumeran punto por punto las reformas políticas económicas y sociales que Cuba tendría que emprender obligatoriamente para ser considerada «democrática». Todo se menciona de manera minuciosa, desde elecciones pluripartidistas y la instauración de una economía de mercado, pasando por la devolución de las propiedades nacionalizadas en los años 60, hasta la privatización de los servicios de educación y salud. Por ejemplo, en el sector de la educación, Washington insiste en que será obligatorio cambiar los programas, los libros escolares y la formación de los profesores cubanos. En una palabra, la reorganización de la sociedad cubana sería completamente controlada y dirigida por Estados Unidos.
La extrema derecha de origen cubano de la Florida reaccionó con entusiasmo ante la publicación de esta nueva política de agresión. Alfredo Mesa, director ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano Americana, organización extremista implicada en el terrorismo internacional, expresó su satisfacción por «el compromiso de Estados Unidos a elaborar una transición hacia la democracia en Cuba ».
En cambio, varias personalidades estadounidenses condenaron las nuevas medidas del presidente Bush. Wayne S. Smith, ex jefe de la Sección de Intereses Norteamericanos en La Habana bajo el gobierno de Reagan de 1979 a 1982, subrayó que el plan está condenado al fracaso. «No hay muchos cubanos que estén de acuerdo con la idea de abandonar la salud y la educación universal y gratuita, así como otros servicios importantes que brinda su gobierno», analizó.
Wayne S. Smith señala que el gobierno estadounidense presenta una imagen de Cuba completamente desconectada de la realidad. «La idea principal presente en este nuevo informe es que el régimen estaría al borde del colapso y, enunciada como tal, sigue siendo estrafalaria. Han pasado dos años [desde la publicación del primer informe en 2004] y la economía cubana muestra señales de un fuerte crecimiento. Incluso la CIA estima el crecimiento a un 8%. Ahora Cuba mantiene nuevas relaciones económicas vitales con Venezuela y China y existen señales de la presencia de reservas petroleras frente a las costas de la isla. Varios países han ofrecido sus servicios para emprender perforaciones. Las cosas están mejorando, no están empeorando», apunta, antes de asegurar que «las acusaciones del informe son falsas».
En cuanto a «la injerencia internacional» de Cuba que menciona el informe, Wayne S. Smith fue muy claro. «Médicos cubanos han estado en numerosos países, entre ellos Guatemala y Haití, además de Venezuela y Bolivia. En todos los casos se han alabado la calidad y el desinterés de su intervención. Si es esa la injerencia internacional a la que se refiere el informe, haría falta más injerencia. Si no es el caso, el informe debería proporcionar ejemplos del intervencionismo al que aluden».
En lo que se refiere al financiamiento de la oposición interna, Wayne S. Smith expresó su total desaprobación. «Cuando Estados Unidos declara que su objetivo es derrocar el gobierno cubano y después afirma que uno de los medios para lograrlo es proporcionar fondos a los disidentes cubanos, éstos se encuentran de hecho en la posición de agentes pagados por una potencia extranjera para derrocar su propio gobierno», señaló.
Lucius Walker, presidente de la organización humanitaria Pastores por la Paz (Pastors for Peace) señaló con su índice acusador el presupuesto de 80 millones de dólares destinado a «anexar Cuba» cuando Washington «no otorga recursos para abrir las escuelas de Nueva Orleans [ni] becas para que los afroamericanos y los latinoamericanos puedan estudiar medicina en Estados Unidos», deploró. «Hay que luchar contra esta ley [pues] ningún gobierno tiene derecho a decir a otro gobierno o a otro pueblo lo que deben hacer con su país», concluyó.
A diferencia del informe de 2004, este nuevo plan contiene un anexo, clasificado como secreto «por razones de seguridad nacional», que es motivo de gran preocupación para las autoridades cubanas, ya que supone el uso de la violencia y el intervencionismo militar. Los informes clasificados de los años 60, hoy parcialmente desclasificados, revelan que Estados Unidos llevó a cabo una feroz campaña de terrorismo y sabotaje contra el gobierno revolucionario, organizó una invasión de la isla por mercenarios e incluso planificó una invasión militar total por las tropas estadounidenses.
En efecto, como subraya Ricardo Alarcón, «en Estados Unidos, la seguridad nacional es un concepto que está indisolublemente asociado a lo militar o a actividades encubiertas (de tipo paramilitar)».
Y añadió: «Después de haber divulgado todo lo que han divulgado –decenas de millones de dólares más para sus mercenarios, nuevas restricciones económicas y acciones ilegales contra el comercio internacional y la soberanía de Cuba y de otras naciones, castigos adicionales para los cubanos y para ciudadanos de otros países– y de haber hecho público hace ya más de dos años su Plan en que hasta el más mínimo detalle describe su intención de recolonizar Cuba; después de todo eso, ¿qué es lo que a estas alturas tienen que ocultar con el máximo secreto? ¿Qué esconden por razones de ‘seguridad nacional y efectiva realización’? ¿Más ataques terroristas? ¿Nuevos intentos de asesinato contra Fidel? ¿La agresión militar? Tratándose de Bush y sus compinches cualquier cosa es posible».
El problema de salud de Fidel Castro y su hospitalización, el 31 de julio de 2006, debilitan a Cuba y representan una «oportunidad» para las ambiciones imperiales de poderoso vecino. Estados Unidos está más tentado que nunca a emprender una nueva aventura militar para reconquistar una isla de donde se vio expulsado por la revolución popular de 1959 y que mantiene su resistencia.
Salim Lamrani
Periodista, investigador de la Universidad Denis-Diderot en París y está especializado en las relaciones de Cuba y Estados Unidos
