Cuba: un delincuente común pasa a ser preso político si es contrario al Gobierno

 

Por Gonzalo Sánchez (*)

Antes de ayer murió el delincuente cubano Orlando Zapata Tamayo en el hospital Hermanos Ameijeiras, en la Habana. Después de 85 días de huelga de hambre por la que exigía ser tratado como un "preso de conciencia".

El estado cubano persiguió y encarceló a Orlando Zapata por profesar unas ideas que contradecían la línea oficial, al menos esta es la conclusión que se saca cuando la mayoría de los medios de comunicación de masas españoles se han apresurado a señalar a este preso como "político", y al estado cubano como el culpable de esta muerte.

Extrañamente ningún medio de comunicación ha explicado a sus lectores, radiooyentes o teleespectadores en qué circunstancias fue detenido el fallecido. ¿Fue pillado in fraganti imprimiendo panfletos contra el gobierno socialista de Cuba con una multicopista en un piso clandestino? ¿Participó en una manifestación contraria e ilegal al gobierno de Fidel Castro? ¿Se paseó por la Habana con un retrato de George W. Bush?

Esta falta de información tiene lugar porque permite que los medios de comunicación puedan atacar al sistema cubano, y que, si dijeran porque estuvo preso, se descubriría que, ni lo era por asuntos políticos, ni en Cuba la situación de los derechos humanos está como dicen.

Orlando Zapata Tamayo ingresó en prisión en la primavera de 2003 por violar la legislación cubana. El opositor reconoció durante el juicio que "conspiraban para derrocar a la dictadura cubana". Tal cómo se demostró no era de forma pacífica, ya que se comprobaron los vínculos que éste tenía con la CIA mediante Ángel de Fana, vinculado también a la organización terrorista Alfa 66. Esta organización tiene probados vínculos con terroristas internacionales y ha perpetrado asesinatos y violentos ataques contra ciudadanos cubanos favorables al gobierno que dirige hoy el presidente Raúl Castro.

El terrorista Posada Carriles, autor intelectual del atentado al vuelo 455 de Cubana de Aviación en 1976 que acabó con la vida de 73 personas, incluyendo niños pequeños, entre otros muchos atentados, está igualmente vinculado con ese grupo terrorista.

Recibir dinero de un país extranjero para hacer labores de inteligencia sin el permiso del gobierno de Cuba es un delito grave, al igual que en la mayoría de países del mundo, como por ejemplo España, que establece en el artículo 592, sección primera de su código penal que "Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España,mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras."

Orlando Zapata Tamayo fue condenado por este motivo, y no por ningún otro de carácter político, junto con otros 75 ciudadanos cubanos en la primavera de 2003. Las penas se establecieron entre 6 y 28 años, debido a ello 20 de los 75 delincuentes ya han sido puestos en libertad.

Resulta hipócrita llamar "preso político" a un delincuente común que vulneró la legislación cubana, mientras no se crítica que en el país del medio de comunicación una persona hubiera estado también en la cárcel por la misma acción.

Además las acusaciones contra el gobierno cubano de ser culpable de esta muerte no pueden ser tenidas en cuenta cuando el preso decidió por sí mismo hacer una huelga de hambre y rechazó recibir suero, aunque le fue puesto pese a su rechazo.

Fidel Castro ejercía de presidente del gobierno de la isla antillana cuando estos 75 hombres fueron encarcelados y años más tarde recibió de una de las organizaciones internacionales que más lucha por el reconocimiento y la práctica de los derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una condecoración en forma de medalla de oro por convertir a Cuba en el "paradigma de la solidaridad", según expresó el ex presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel d´Escoto.

La Cruz Roja tiene acceso a todas las cárceles cubanas, que ya ha visitado varias veces, excepto a la que se encuentra en Guantánamo, ya que está ocupada por los Estados Unidos y éstos prohíben la entrada de relatores de organismos internacionales a sus instalaciones.

Cuba fue el primer país del hemisferio en invitar a visitar sus carceles al Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Mientras tanto los padres del fallecido que residen en la isla declararon que "tenemos la fuerza de continuar esta lucha por los Derechos Humanos", y varios de los otros 20 presos liberados declararon sin secretismo que seguirán con su militancia en grupos como Cristianos por la Liberación Nacional. Estas declaraciones contradicen tajantemente las acusaciones que señalan que en Cuba no se permite la oposición.

Siguiendo esta estela informativa, los medios de comunicación se apresuran a informar de una "ola de represión" que ha consistido en "la detención de 20 cubanos" que pretendían asistir al velatorio del delincuente fallecido por una huelga de hambre que él mismo decidió llevar a cabo.

Esta "ola represiva" ha sido denunciada por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), organización integrada sólo por el derechista residente en la isla Elizardo Sánchez, extrañamente respetado por un gobierno al que acusan de dictadura que elimina cualquier rastro de oposición.

Esta organización carece de legitimidad en materia de derechos humanos ya que no está reconocida por ningún organismo internacional. Sus informaciones sobre las nuevas detenciones carecen de pruebas, no aportan datos sobre quienes han sido los detenidos, ni se sustentan con ninguna imagen o vídeo que demuestre la noticia. Aunque esta falta de credibilidad que impide el necesario contraste de la información para ser publicada con el afán de informar con datos objetivos, no ha impedido a los medios de comunicación de masas propagarla.

 

(*) Tomado de Tercera Información